Este jueves íbamos a analizar la situación de Chile, pero en Costa Rica Rocío Aguilar ya no es ministra de Hacienda y eso no es cosa menor. El rostro de las políticas fiscales de este gobierno se despidió ayer al conocerse la resolución de la Contraloría General de la República que ella misma dirigió años atrás; vueltas de la vida.

Surtieron efecto las negociaciones y la marcha multitudinaria de estudiantes, funcionarios y autoridades de los centros universitarios. Queda sin efecto la clasificación que había impuesto Hacienda a una partida por c70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Impera la autonomía con base en la Constitución.

Vienen tiempos decisivos para que Costa Rica cumpla los requisitos de ingreso a la OCDE, conocido como el “club de los países ricos”. No es el “club de los países sin problemas” (lo prueban las noticias desde Chile, con tercer día de toque de queda ante las protestas), pero sí una categoría de naciones comprometidas con estándares de eficiencia y transparencia que ayudarán a mejorar nuestra economía renqueante, se supone.

Recién conocimos la nueva encuesta del INEC y el dato de pobreza: 21%. Se mantiene estancado y podría verse como algo bueno si consideramos que hay un repunte del desempleo y una economía frenada. Pero no puede considerarse positiva ni tranquilizante una cifra que cubre a 337.000 hogares donde los ingresos no llegan a los 104.000 colones mensuales.

Paperas, hacinamiento y derechos humanos... El brote de paperas extendido a todos los centros penitenciarios del país ha dejado al descubierto, una vez más, una realidad a la que siempre queremos dar la espalda: el terrible hacinamiento de nuestros centros de reclusión y los ingentes esfuerzos para paliar con medidas como las polémicas pero necesarísimas tobilleras, la realidad de que cada mes 800 seres humanos ingresan a unas cárceles ya saturadas.

De un lado están miles de familias sobre endeudadas. Del otro, bancos con miles de millones de colones disponibles para ser colocados. Por tanto, la iniciativa del Ejecutivo es que un proyecto de ley facilite créditos blandos para refundir deudas que alivien el ahogamiento en que viven muchos hogares (sí, por sus propias decisiones de consumo) a cambio de cuotas manejables y programas de educación financiera obligatorios.