Por un momento, en la autopista de nuestros desencuentros de estos meses de arreglos y acomodos, hicimos un alto este fin de semana para celebrar el cumpleaños de la Patria.

Cerramos la semana en que se anularon los acuerdos que aquietaban los aires de huelga en la CCSS. Se debate el alcance del proyecto sobre huelgas aprobado en primera instancia en el Congreso. Se firmó hoy la ley de educación dual que tampoco pasó libre de controversia y protestas.

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea tiene ribetes de un dramatismo impresionante y deja boquiabiertos no sólo a ingleses, escoceses, galeses e irlandeses. Prácticamente el mundo entero está a la espera del capítulo del día.

No es aventurado afirmar que a la inmensa mayoría nos molesta la situación del país. A unos por razones económicas, a algunos por la complejidad política y a otros por la manera en que los grupos de presión actúan en perjuicio de terceros. En resumen, vamos mal, pensamos la mayoría.

Cayó como un balde de agua fría para un sector del periodismo: la Sala Constitucional sentenció que al exigir la obligatoriedad de la afiliación, el Colegio de Periodistas de Costa Rica perturba la libertad de expresión.

Es un asunto jurídico, sí, pero la orden dada el jueves pasado por la Contraloría General de la República a la Caja del Seguro Social para que se deje de artilugios y proceda a acatar la ley que manda pagar los pluses salariales nominalmente, tiene una contundencia de sentido común que no requiere estudios de derecho. Es decir, la puede entender cualquiera que quiera entenderla.