Cayó como un balde de agua fría para un sector del periodismo: la Sala Constitucional sentenció que al exigir la obligatoriedad de la afiliación, el Colegio de Periodistas de Costa Rica perturba la libertad de expresión. Y no fue poca la perturbación que ocasionó. Claro que no ocurre lo mismo con otras profesiones para las que la colegiatura es requisito obligatorio, pero tampoco podría decirse que sea una novedad. Ya hace casi 35 años atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había derribado ese requisito para ejercer el oficio.
Es un tema que divide al gremio, porque mientras unos enarbolan la bandera de defensa del estudio de la carrera específica y su posterior colegiatura, hay quienes apuestan todo a la credibilidad como la credencial más importante para defender el quehacer. La sentencia constitucional en todo caso es prístina: “periodista es quien informa, el que ejerce la profesión de modo continuo, estable y remunerado”.
En todo caso, con estudios específicos o sin ellos, estos son tiempos complejos para el ejercicio de la tarea de informar. Hay razones de mercado laboral, razones de estrechamiento de los medios tradicionales, descontrol en la formación universitaria, un mundo digital en explosión y, como si fuera poco, una actitud muy confrontativa de algunos líderes que ven en los periodistas a sus enemigos de causa.
Por definición, la tarea de cumplir con el principio democrático del “derecho del público a saber” coloca a la prensa siempre en la línea de fuego. Y hoy no es excepción. Conversamos con don Eduardo Ulibarri experimentado diarista y formador de centenares de comunicadores profesionales acerca de los desafíos del periodismo costarricense.
