Un abrumador 79.3 % de los ciudadanos manifestaron una opinión contraria a la reciente huelga de la Caja del Seguro Social. Más aún, un 94.5 % se pronunció opuesto a que los diputados avalen (eventualmente) que la educación no sea considerado un servicio público esencial.

A la conflictividad social y política que marca el rumbo de estos largos meses de desencuentros post plan fiscal (huelgas incluidas), hay que agregarle un sinnúmero de elementos que complejizan aún más la adopción de acuerdos. La necesidad de figuración política por ejemplo, por baladí que parezca, no puede dejarse por fuera. El factor populista (muy presente en las democracias hoy) por supuesto tampoco.

La tensión crece en tiempos de crisis y hace que todos los focos se coloquen sobre la cabeza encargada de las finanzas públicas. 

El Estado de la Nación dio a conocer en las últimas horas su informe Estado de la Educación del 2018: un año dolorosamente atípico marcado por las secuelas que la larga huelga de tres meses dejó en las aulas.

Hecha la ley, hecha la trampa. Este viejísimo adagio refleja muy bien lo que hemos visto en las últimas semanas en la Caja del Seguro Social y en el Poder Judicial.

Pocas iniciativas de ley reciben tantos votos, como los que obtuvo el por años postergado proyecto de educación dual, que en cualquier momento recibirá el correspondiente "ejecútese" del Presidente de la República. Esto significa que, en efecto, hay buenas iniciativas a las que les llega por fin su madurez.