A la conflictividad social y política que marca el rumbo de estos largos meses de desencuentros post plan fiscal (huelgas incluidas), hay que agregarle un sinnúmero de elementos que complejizan aún más la adopción de acuerdos. La necesidad de figuración política por ejemplo, por baladí que parezca, no puede dejarse por fuera. El factor populista (muy presente en las democracias hoy) por supuesto tampoco.
Probablemente tal vez asuntos tanto o más determinantes sean la judicialización de nuestras desavenencias, la debilidad y el resquebrajamiento de los partidos políticos (otrora, canalizadores por excelencia de la forja de acuerdos) y la pululación de pequeños grupos y grupúsculos con poder de veto. O, dicho de otro modo, de destrucción de acuerdos en proceso.
Sin ir muy lejos, la semana que pasó nos sorprendió un proyecto para legalizar las huelgas en servicios esenciales: es decir, para que se consolide la práctica ya en curso de que mientras haya paro, siga dándose la inmerecida compensación salarial. Esto en contra de meses de trabajo para lograr una necesaria reforma a la ley procesal laboral que introduzca racionalidad a los innegables derechos de huelga.
La cuestión es ¿cómo entender la conflictividad que marca los dificultosos pasos de la Administración Alvarado, particularmente después de los cuatro años de luna de miel que vivió el gobierno anterior con los llamados articuladores de la democracia de la calle? Las respuestas con Steffan Gómez, investigador de asuntos políticos del Estado de La Nación.
