Llegamos a término de una semana intensa. Allende las fronteras, la persecución del estado policiaco nicaragüense mantiene en vilo a su sufrido pueblo con detenciones -secuestros- de rehenes civiles acusados de delitos fabricados.

Todo parece indicar que estamos en puertas de pasar la prueba de la eventual aprobación en primer debate de la nueva ley de empleo público, una modernización del esquema del trabajo del funcionariado que ha esperado por décadas una reformulación. Se trata de una ley de ordenamiento que no constituye una herramienta de finanzas públicas en sí misma, pero sí de consolidación para la gobernanza y la disciplina con reglas claras y justas.

Las réplicas del terremoto de una red de corrupción de infraestructura vial que conocimos al inicio de esta semana, pero que está antecedida por una investigación sin precedentes que inicio en el 2018, aún nos mantienen en estado de atención.

Es preocupante por donde se mire. La noticia del lunes trata de una red de presuntos sobornos alrededor del millonario negocio de la obra pública que salpica a las principales empresas y a instituciones públicas, según lo que han hecho público las autoridades judiciales a cargo del caso.

La nueva ola represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua nos trajo noticias dolorosas y preocupantes, pero a la vez previsibles si recordamos todo lo que ha hecho la pareja presidencial con tal de mantenerse en el poder.

Amargo recordatorio: los contagios diarios de COVID-19 se siguen contando en cuatro dígitos y los hospitales siguen saturados. Debemos tener en cuenta estos datos aunque nos sintamos esperanzados de que la vacunación masiva nos permita pronto alcanzar algo parecido a una normalidad.