Es preocupante por donde se mire. La noticia del lunes trata de una red de presuntos sobornos alrededor del millonario negocio de la obra pública que salpica a las principales empresas y a instituciones públicas, según lo que han hecho público las autoridades judiciales a cargo del caso.
Nunca es buen momento para esas noticias, pero ciertamente nos llega cuando más debemos proteger la institucionalidad y la confianza de la población en ellas y en sus relaciones con el sector privado.
Las investigaciones que vienen desde el 2019 indican que decenas de funcionarios y de empresas cometieron anomalías y causaron un déficit de ₡78.000 millones en los presupuestos públicos. No estamos hablando de galletas, aunque habrá que ir con cautela hasta conocer si las sospechas se comprueban.
Un asesor presidencial, funcionarios de Conavi y poderosos empresarios son parte de la investigación que, ojalá, sirva para sacar lo podrido, si lo hay, y no para alimentar frustraciones, como ha ocurrido antes en numerosos casos de presunta corrupción.
