«Diego fue el autor intelectual y yo la cómplice política, pero es una lucha que han dado y siguen dando miles de personas en el mundo, hay quienes incluso han perdido la vida sin ver el resultado y hay que darle el lugar a los verdaderos protagonistas».

Entramos a la última semana de mayo con un ambiente político tupido de discusiones pequeñas y grandes que tienen que ver con lo inmediato y con el rumbo al que queremos llevar a este país. El estado de emergencia por la enfermedad de COVID-19 no ha cambiado, pero empiezan a formarse focos de cansancio y de cuestionamiento a medida que crece el hueco en la economía y en el empleo sin saber dónde está el fondo.

El programa no ha estado exento de cuestionamientos, a veces por su existencia misma, a veces por insuficiente y en otras ocasiones porque lo reciben personas que no deberían. Lo cierto es que para miles de hogares es la única manera de llevar comida a la mesa en estos meses. Ya está depositado el dinero en las cuentas de 414.000 beneficiarios, la mayoría procedentes del sector informal y de trabajo autónomo.

Cada año mueren nueve millones de seres humanos por padecimientos asociados al hambre. Ahora, según los expertos, podría elevarse al doble la cantidad de víctimas; debido a las alteraciones de las cadenas de producción y suministro de alimentos y de agroquímicos necesarios para apuntalar la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura.

Ya no es solo el (aparente) dilema entre la salud y la economía. Ahora juegan también las divergencias entre gobiernos vecinos de una Centroamérica que nunca ha sabido empujar en la misma dirección.

Nicaragua actuó en venganza. Cerró el neurálgico tránsito de mercaderías por Peñas Blancas solamente porque hacemos control epidemiológico fronterizo para asegurar nuestro cerco sanitario. No es que sorprenda. Es lo históricamente habitual. Y además le sirve. Le sirve para distraer la atención a lo interno respecto de todo lo que no están haciendo en atención de la crisis que aun cuando no la admiten, la tienen.