Ya no es solo el (aparente) dilema entre la salud y la economía. Ahora juegan también las divergencias entre gobiernos vecinos de una Centroamérica que nunca ha sabido empujar en la misma dirección. El conflicto está instalado alrededor de las medidas sanitarias que aplica Costa Rica para evitar que el profuso trasiego terrestre de mercancías por Centroamérica tire por la borda los esfuerzos para contener el coronavirus.
Es evidente el trastorno en el transporte transfronterizo. Cientos de camiones hacen fila a ambos lado del puesto de Peñas Blancas. La frontera está inactiva desde que Managua toma la decisión de cerrarla como protesta por los controles sanitarios que ordenó San José y que habían alterado el flujo. Gobiernos centroamericanos, transportistas locales y empresarios piden que se depongan las medidas.
Hay mucho dinero ahí aparcado; el 20% de nuestras exportaciones sale al Istmo por tierra y el 6% de las importaciones llegan de esa manera. El 88% del comercio nacional con Centroamérica depende de esos señores que manejan camiones y cruzan fronteras con el riesgo de contagiarse y de contagiar.
Los números comprueban que ese es un flanco riesgoso para el control sanitario en nuestro territorio. Ya se detectaron 38 casos de coronavirus debido al ingreso de transportistas y sus contactos en el país. Además, más de 50 han sido rechazados porque, de no ser por la prueba obligatoria, habrían entrado a circular por país y esparcir el virus.
Costa Rica, por tanto, se mantiene firme en la necesidad de esos controles, aunque no cesan los esfuerzos por lograr un acuerdo con las contrapartes. A eso se abocó en el inicio de la semana la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, que nos acompaña en Hablando Claro para explicar los pormenores y los caminos posibles.
