El programa no ha estado exento de cuestionamientos, a veces por su existencia misma, a veces por insuficiente y en otras ocasiones porque lo reciben personas que no deberían. Lo cierto es que para miles de hogares es la única manera de llevar comida a la mesa en estos meses. Ya está depositado el dinero en las cuentas de 414.000 beneficiarios, la mayoría procedentes del sector informal y de trabajo autónomo.
No solo Costa Rica han desplegado un programa temporal que incluya a trabajadores informales, lo cual es “una innovación en la protección social”, según un informe de la CEPAL en el que señala que Costa Rica es uno de los países que entrega un monto más alto en América Latina, equivalente a los 220 dólares por persona.
“La duración mínima debería ser de tres meses, aunque seis meses o un año darían una mejor protección a la población”, dice la CEPAL, aunque advierte la dura realidad fiscal de los países de la región, el nuestro incluido.
El esfuerzo es altísimo para el Estado, ahora que se desplomó la recaudación fiscal casi a la mitad. La apuesta se coloca sobre el endeudamiento externo, pero la discusión sobre el gasto público no cesa. El último episodio: la regla fiscal que ya no tendrá que aplicar las municipalidades, a pesar de la oposición explícita del ministro de Hacienda.
Cada maniobra con impacto económico se convierte en un movimiento delicado y al mismo tiempo condicionado por los desequilibrios sociales de siempre, las urgencias sanitarias aún sin un final a la vista y, por supuesto, un marco político sensible. Con Leonardo Garnier, economista y exministro de Planificación y de Educación, ponemos poniendo en perspectiva la dimensión social de la emergencia de COVID19.
