Un contundente aval unánime (48 diputados) en primer debate este martes en el Congreso augura buenos vientos para finalizar muy pronto el trámite del proyecto que moderniza el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias del país y que, entre otros beneficios permite asegurarle a sus afiliados la sostenibilidad futura de un suplemento jubilatorio para sumarle dinero a las necesidades de la vejez.

Un millón de fallecimientos cobró al inicio de esta semana la pandemia de coronavirus en el mundo. De esa cantidad, América Latina y el Caribe, aportan el mayor número de víctimas con poco más de 341 mil. Empero, la situación para nuestro país, pese al doloroso saldo de 861 muertos refleja una de las letalidades más bajas, pues de un total de 73,714 casos a casi siete meses de pandemia que se cumplirán el martes próximo, el virus arrancó la vida a poco menos del 1.2% del total de confirmados.

Las réplicas de la pandemia lo abarcan todo, incluyendo algunas posibles repercusiones en las que no hemos puesto el foco. Una de ellas será la economía del futuro lejano, ese que llegará cuando se supone habrá madurado la pensión de quienes ahora están en la primera mitad de su vida laboral o, más pronto aún, cuando llegue el momento de descanso para el grueso la fuerza laboral actual.

Como Contralora, como ministra de Hacienda y actualmente como jerarca de tiempo completo en dos superintendencias Rocío Aguilar, no rehuye los desafíos. Por el contrario, parece perseguirlos.

Ottón Solís -poco dado a salir a la opinión pública dadas las limitaciones del cargo de representación que ostenta ante el Banco Centroamericano de Integración Económica- decidió dar un paso adelante en la discusión de estos días al argumentar que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es nuestra única opción y advirtió que la medicina será dolorosa para todos.

Parte de las críticas escuchadas hasta ahora contra la propuesta de negociación con el FMI es que el Gobierno no ha expuesto aún las dimensiones del problemón financiero que nos aplasta. Es decir, que el déficit más que superará este año el 9,7% del PIB, como dijeron las autoridades la semana pasada, y esto obliga a mirar distinto las propuestas de soluciones por la vía de los tributos y por la del gasto.