“Esto no está ganado, tenemos al frente un enemigo poderoso con una estructura sólida y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección”.

Recordamos al presidente saliente en 2010, Óscar Arias, diciendo que dejaba "la mesa servida" a su sucesora Laura Chinchilla, a quien en 2014 Luis Guillermo Solís acusó de dejarle "la finca encharralada", antes de que llegara Carlos Alvarado a un terreno que parecía más que eso, hipotecado.

La jornada electoral de primera ronda le otorgó al novel Partido Liberal Progresista (PLP) el mandato de acompañar desde la oposición parlamentaria el próximo ejercicio gubernamental del país con seis legisladores. Esta representación -expresión del 13 % de los votos emitidos particularmente en la zona central del país- se tradujo en tres curules por San José, una por Cartago, y dos más por Alajuela y Heredia; en definitiva 4 diputados y 2 diputadas.

Una “inmersión” aguda de la expresión de los votantes en las urnas el domingo 6 de febrero, permite elaborar conclusiones muy reveladoras acerca de cómo se pronunciaron (o no) los ciudadanos en esa primera ronda.

Aparte de la sorpresa del resultado del domingo 6 de febrero (producto de la lógica del juego de “reglas claras, resultados inciertos” de una democracia electoral que se precia de serlo) el proceso transcurrió con absoluta normalidad.

La Unidad de Inteligencia e Investigación del poderoso y reconocido grupo editorial The Economist, acaba de confirmar a Costa Rica como una democracia plena. No es poca cosa; sobre todo cuando consideramos que de acuerdo al Índice de Democracia del 2021 únicamente 21 naciones del planeta ostentan esa categoría, según la cual, nuestros estándares de pluralismo y garantía del proceso electoral, funcionamiento gubernamental, participación política (usualmente nuestra mayor debilidad), cultura política y libertades civiles, es tan sólida para ocupar precisamente el puesto 21 con una calificación de 8.07.