Las noticias de cada día no son especialmente halagadoras. Y siempre, por una razón u otra, preferimos ver para otro lado.

Cada campaña electoral es única en su puesta en escena. La actual, por ejemplo, se presenta sui géneris por el abultado número de protagonistas que aspiran al difícil favor de los votantes que, por lo demás, terminaran por decidirse acaso en los días previos al primer domingo de febrero y de aquí a ese entonces, podrían incluso decantarse varias veces por opciones diametralmente diferentes. Así, en este nuevo capítulo de nuestra democracia electoral, prácticamente todo el guion está por escribirse.

La elaboración de las leyes pasa -casi que invariablemente- por la verificación de Sala Constitucional y eso, que es verdad de Perogrullo, quedó más que evidente esta semana parlamentaria en la que los magistrados inhabilitaron (hasta su reparación, claro está) la intención de los diputados de aprobar una ley para que la Caja Costarricense de Seguro Social condonaran deudas pendientes derivadas de cargas sociales tanto a trabajadores independientes como a empresas.

Seis seres humanos, cinco de ellos costarricenses y a todas luces ajenos a una cita fatal, fueron asesinados el domingo con saña en Llano Bonito de Brunka, en Buenos Aires de Puntarenas.

Con la mitad de la población meta vacunada por completo y prácticamente un 70 % con la primera dosis puesta, las cifras de hospitalización y decesos siguen decreciendo; aunque claramente todavía no podemos cantar victoria, porque hablar de 25 decesos diarios promedio cuando hubo un momento que aspirábamos a bajar promedios de 5 por día, nos da una idea muy precisa del porqué de la gradualidad de las medidas hacia la apertura total.

Una cosa está clara: en la lucha por restaurar el planeta de los devastadores efectos del cambio climático, lo único que no puede hacer la civilización humana es abdicar. Y en esa gigantesca batalla, cada estado, cada conglomerado social, tiene un papel que cumplir en la trinchera que le corresponde.