Junto con la justificada indignación de la ciudadanía y actores políticos, resulta imperiosa la elaboración reflexiva del calado de la crisis de la rectoría de la educación que venimos señalando una y otra vez.

La Universidad de Costa Rica anunció este jueves que retomará las clases presenciales hasta el próximo curso lectivo (2022) y que procurará obligar a todos sus estudiantes a vacunarse contra el virus que produce la COVID-19. La dirección corre en el mismo sentido que la ordenanza emitida para todos los funcionarios, tras diálogo de la Rectoría con los líderes sindicales para atender escepticismos.

Algunos hechos se reflejan en las noticias y otros van bajo el agua, pero todos condicionan el ambiente político que marca la discusión de la agenda fiscal vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las universidades públicas se aprestan a cerrar su segundo año de virtualidad a pesar del regreso presencial de muchas actividades, y particularmente del retorno hace meses de niños, niñas y adolescentes a preescolar, primaria y secundaria.

Latinoamérica es la región del mundo de menor crecimiento en progreso social en la última década y en el 2020 más bien retrocedió. Institucionalidad, inclusividad, seguridad y gestión libre de corrupción son anhelos comprometidos por una realidad de la que no escapa Costa Rica.

Lo de este domingo en Nicaragua -ya lo advertía la prensa internacional antes que terminara la pantomima de cerrar urnas y hacer el teatro de esperar resultados- ya era en cierta medida una copia de las elecciones del 2016. Ortega se declara ganador de las votaciones a las que se presentó sin rivales verdaderos, sin observadores internacionales verdaderos, sin prensa internacional. Y sobra decir, sin prensa local independiente en libertad de acción y movimiento. Todo parecido, aunque claro, cada vez más turbio, ilegítimo, violento y falso.