Junto con la justificada indignación de la ciudadanía y actores políticos, resulta imperiosa la elaboración reflexiva del calado de la crisis de la rectoría de la educación que venimos señalando una y otra vez.
Como si no fuera suficiente todo lo que ocurría ya en la política pública de un sector social tan determinante, la calidad de sus formadores, la pertinencia de sus contenidos, el control de los mandos medios y la cada vez más sentida debilidad de los altos mandos jerárquicos (ciertamente no solo en esta institución, sino en muchas otras) lo que nos faltaba: una crisis autoinfligida por la vulneración de derechos constitucionales.
Las pruebas FARO que -debemos recordar- siempre fueron objetadas por los gremios magisteriales y que finalmente fueron impuestas por primera vez este año como método diagnóstico sobre el estado de la educación de los escolares, han provocado -nos atrevemos a decir- (si no la mayor) una de las mayores crisis políticas que recordará la Administración Alvarado.
El meollo, como se sabe, es que se aplicó una prueba de extensísima duración que llevaba unos contenidos de “factores asociados” que implicaban intervención en ámbitos privados de los hogares para obtener información “para conocer cuánto influye el contexto en las calificaciones de las personas estudiantes”. Tan graves los requerimientos que formulaba como el hecho de hacerlos sin consentimiento de los padres. Inaceptable y por tanto incomprensible. ¿Un error? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo pensar en que algo de tanto bulto podía pasar inadvertido? ¿Quiénes y qué formación tienen los que hacen esas pruebas? ¿Quiénes las revisaron? ¿Qué sucede en el MEP? ¿Por qué fallaron tan groseramente los mecanismos de verificación de contenidos evaluativos? ¿0 es que no los hay? ¿Cómo resolver ahora la crisis en proceso?
Una noticia en desarrollo nos obliga a iniciar la semana en Hablando Claro con el abogado especialista en Derecho Constitucional Marvin Carvajal y el politólogo Sergio Araya Alvarado.
