Un país como el nuestro que tiene un buen desempeño en Derechos Humanos también presenta déficits en algunos de los llamados derechos de nueva o cuarta generación, especialmente relacionados con temas de salud que son siempre tópicos muy sensibles.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la semana pasada el mayor aumento de las tasas de interés en casi 30 años y el resto del continente corre a tomar nota.

Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Una de las democracias más antiguas de América Latina dio este domingo un giro de timón y en medio del imprevisible resultado que arrojó la primera vuelta, la mayoría de los votantes se inclinó por un político muy conocido; así que a la tercera fue la vencida.

La toma de control no ha sido fácil para un equipo que -en la mayoría de los casos- no se conocía y con fichajes que -también en no pocos casos- debió integrarse con profesionales y académicos que no habían tenido relación con el manejo de la cosa pública y sus insondables complejidades. El mismo mandatario, que había dicho en su día que nunca argumentaría ingobernabilidad para no tomar decisiones, recalculó sus apreciaciones al señalar -con el eco legislativo de su jefa de bancada- que los mandos medios le están obstaculizando la tarea. No precisó si son esos mismos controladores de las instituciones públicas los que no le permiten rebajar el precio del arroz -como lo prometió- aunque claramente el lunes lanzó indirectas a quienes impiden la ansiada rebaja.

Justo cuando la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) está urgiendo a los gobiernos de la región para que redoblen todos sus esfuerzos de atención a poblaciones en riesgo social, de modo que no se profundicen los temidos efectos de la crisis de este 2022, en nuestro país más de 13.000 niños y adolescentes en vulnerabilidad quedarían sin atención a partir del primero de julio dada la insuficiencia de recursos para cuidarlos, abrigarlos, darles techo y alimentarlos. Si, tan pronto como la próxima quincena.

Exactamente en un mes vence el contrato que desde el 2002 permite a Riteve dar el servicio de revisión técnica a la flota vehicular del país, sin que hasta el momento haya claridad sobre lo que ocurrirá a partir del 16 de julio.