Como sociedad, hemos dado un paso más en la larga lucha por reforzar -desde el marco normativo- el castigo a los feminicidas.

El paso de migrantes extracontinentales (especialmente de Haití y Cuba, pero también de otras tierras tan lejanas como las africanas) ha sido una constante desde hace varios años. La crisis más reciente fue la del 2016.

En el otoño del 2001 -obviamente tras los atentados de las Torres Gemelas- la misión de Estados Unidos en Afganistán era clara y precisa; encontrar y matar a Osama Bin Laden. Pero cuando escapó, la misión se tornó confusa e imposible: reconstruir la sociedad afgana y transformar el país.

Con la convención del PAC de este domingo, terminaron los procesos convencionales de cara al torneo democrático que arrancará en octubre próximo para medir no solo a las tres agrupaciones que llamaron en consulta a la ciudadanía para escoger a los candidatos presidenciales, sino también la inmensa cantidad de otras divisas políticas que buscaran (la mayoría en doble postulación) un golpe de suerte en el tinglado electoral para hacerse con la Presidencia de la República, u obtener al menos un escaño en el próximo Congreso.

Doña Emilia Navas, ahora en su calidad de ex titular del Ministerio Público, acaba de colocar una bomba sobre la credibilidad (ya de por sí afectada) de la judicatura costarricense, acusando a la Corte Plena (el conjunto colegiado de 22 magistrados y magistradas) nada más y nada menos que de “amenaza, intimidación, traba, hostigamiento e injerencia indebida en el desempeño de las funciones del Ministerio Público, de sus fiscales y fiscalas, en particular, en la lucha contra la corrupción”.

Las imágenes de cientos de afganos casi colgando de un avión al despegar parecen sacadas de una película muy exagerada, pero son solo la muestra de la realidad cruda y compleja que vive el país asiático ahora que los talibanes se apoderaron también de Kabul, la capital.