Doña Emilia Navas, ahora en su calidad de ex titular del Ministerio Público, acaba de colocar una bomba sobre la credibilidad (ya de por sí afectada) de la judicatura costarricense, acusando a la Corte Plena (el conjunto colegiado de 22 magistrados y magistradas) nada más y nada menos que de “amenaza, intimidación, traba, hostigamiento e injerencia indebida en el desempeño de las funciones del Ministerio Público, de sus fiscales y fiscalas, en particular, en la lucha contra la corrupción”.
Y no se trató de una denuncia cualquiera. Navas acudió la primera semana de agosto ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en una extensa exposición de 60 páginas, aseguró que existe un intento de cooptación del Ministerio Público de Costa Rica por parte de “magistrados y magistradas”.
La denuncia, fue complementada con una amplia entrevista que concedió a nuestra colega Hulda Miranda del programa Interferencia de Radio Universidad y según dijo, responde a una estrategia de comunicación para que ahora que se han aquietado las aguas en torno a su salida del Ministerio Público, se pueda colocar la verdad ante los costarricenses de las causas que la obligaron a salir corriendo del Poder Judicial para no perder sus prestaciones laborales y su derecho a pensión. Según su explicación, antes no pudo defenderse precisamente por el clima de “fake news” que “crearon” en torno a su gestión. Y aunque no especificó quienes, una y otra vez a lo largo de la conversación citó al Presidente de la Corte don Fernando Cruz Castro como su principal opositor.
En todo caso, el centro de la cuestión es que de acuerdo con la denunciante ante el foro internacional, Costa Rica ya forma parte de este “patrón sistemático (de persecución) que se extiende por varios países de Latinoamérica… dirigido a la captura de la Justicia, en particular, de las agencias encargadas de investigar, acusar y sancionar casos de corrupción en la función pública y en ámbitos de poder del sector privado… que debilita fuertemente la democracia y el Estado de Derecho al invadir la capacidad de acción de dichas agencias”.
Navas calificó varias veces como “extraordinaria” la labor del Ministerio Público en los últimos tres años y medio (justo el lapso de su gestión) e indicó que ahora los costarricenses debemos entender que la verdadera razón de su salida fueron las “acciones encubiertas” y no los argumentados conflictos de interés por las seis ocasiones en que debió inhibirse de casos importantes en los que su esposo, el penalista Francisco Campos, actúa como defensor de sonados casos como Aldesa y Cochinilla.
Claro que la Corte ya salió al paso rechazando todos los extremos de su denuncia. Pero el golpe está dado.
Navas pretende incidir de alguna manera en la gestión de la Corte Plena pues urge que los magistrados que tengan causas abiertas ante el Ministerio Público (serían la mayoría porque el Ministerio Público indaga anónimos, publicaciones serias o no serias de medios de comunicación, revanchismos internos de poder en la judicatura, etc.) no participen en la elección del nuevo o la nueva titular del Ministerio Público.
Por último, la ex fiscal trajo a valor presente la añeja discusión de si el Ministerio Público debería salir del Poder Judicial y convertirse en una institución autónoma, más allá de su libérrima competencia en la política de persecución criminal, también en lo presupuestario. ¿Cuál es la lectura de su actuar? Lo conversamos con el también exfiscal Francisco Dall Anesse.
