La Universidad de Costa Rica es una institución que, como referente de nuestra educación universitaria, genera pasiones en un sentido u otro en el marco del desarrollo del país y sobre todo en estos años de zozobra financiera.

No hay cuestionamiento hoy respecto del hecho de que el empoderamiento económico de las mujeres es clave no sólo para alcanzar equidad de género sino también desarrollo sostenible para la humanidad; es decir, para erradicar la pobreza y alcanzar crecimiento económico inclusivo.

El contrato de APM Terminals con el Estado indica que la multinacional holandesa debe transferir a Japdeva el 7,5% de los ingresos que genere la nueva megaterminal en Moín. El cálculo es de $20 millones anuales, equivalente a más de $1.000 millones al cabo de los 30 años de la concesión. Hasta aquí, bien por Limón.

No hay manera de darle mucha vuelta: los diputados decidieron “abrirle un expediente” al Tribunal Supremo de Elecciones casualmente unos días después de que el órgano electoral trasladara al Ministerio Público una acusación por el manejo de los fondos de campaña del Partido Restauración Nacional.

Los cálculos extraoficiales dicen que más 30.000 venezolanos han llegado a Costa Rica en los últimos 15 años, donde viven en condiciones variadas y con la angustia de ver el deterioro sin freno de su país.

Han transcurrido muchas luchas, se han librado mil batallas, se han alcanzado logros inimaginables cinco o diez décadas atrás. Los derechos a la igualdad de oportunidades de salud, de formación académica, de reconocimiento salarial son hoy indiscutibles. Pero falta aún mucho para consolidarlos a plenitud.