El Índice de Democracia 2019 que publica la revista The Economist vuelve a colocar a Costa Rica en el selecto grupo de países con pleno alcance democrático en el mundo, y eso es muy bueno.

El Tribunal Supremo de Elecciones se prepara para una elección con todo el arsenal posible de modo que garantiza a cada ciudadano habilitado no solo el derecho al voto sino también el blindaje del proceso en todos sus extremos y aunque nunca faltan algunos pocos escépticos que cuestionen su quehacer, lo cierto es que no es por falta de condiciones procedimentales inmejorables, es decir de reglas claras y seguras, tanto como de un clima político propicio como el que impera en las democracias más maduras del mundo, que la ciudadanía no va (¿irá?) mayoritariamente a las urnas cuando se le convoca.

Pompeo vino a la suyo. El Secretario de Estado de la Administración Trump pasó como una exhalación por San José y dejó planteados varios dardos: que debemos apoyar la nueva reelección de Almagro al frente de la OEA, que revisará “cuidadosamente” la solicitud para que se reconsidere nuestra calificación turística a sus connacionales -y algo de lo más particular- que la cooperación china “solo ofrece deuda, dependencia y erosiona la soberanía” en tanto que su país trabaja según dijo, como un verdadero aliado y por ello seguirá impulsando inversiones directas de firmas norteamericanas.

Si uno apunta a la reciente caída de Patricia Vega, ahora ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, como la causante de los males de la institución, cae en el garrafal error de poner el dedo acusador en el árbol y perderse todo el bosque.

Es de esperar una baja participación, pero lo deseable es al menos reducir ese 65 % de abstención y un ejercicio mínimamente informado porque en la oferta electoral hay de todo. 

Guatemala cambia de Gobierno con los usuales sobresaltos políticos y de la Justicia en ese país. El presidente entrante, Alejandro Giammattei, anunció de una vez una decisión que traía lista: rompe relaciones diplomáticas con Venezuela.