En la confirmación inequívoca del momento desafiante que viven las democracias de la región, encontramos una guía plasmada de una dura realidad en el recientemente publicado informe de Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En lo que a muertas violentas se refiere, el balance costarricense muestra importantes grados de deterioro. Tanto, que la tasa de homicidios del año recién pasado, alcanzó su máximo nivel en la historia, con una tasa de 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ya Perú padecía todas las secuelas del resto del mundo en su economía debido a la pandemia, la dislocación de las cadenas de suministro, la guerra en Ucrania y la inflación del año pasado. Pero ahora además enfrenta (y resiste) una espiral de confrontación política y violencia social sin visos de solución.

Una evidencia del peligro democrático de nuestros días, es el ataque contra instituciones fundamentales para el equilibrio del sistema de pesos y contrapesos que caracterizan su funcionamiento. Específicamente vemos lo que sucede en los poderes judiciales y electorales. Cinco casos recientes en nuestro continente no dejan duda respecto del desafiante momentum que obliga a la vigilancia y también a la acción para sostener el entramado democrático, hoy bajo asedio.

Todo hace indicar que el Ejecutivo está ejercitando el arte de generarse sus propias e innecesarias crisis. De una estrategia comunicativa que incluso analistas serios calificaban no hace mucho como eficaz, terminamos el 2022 y empezamos el 2023 con sendas meteduras de pata.

Tres casos calificados como de "mega evasión fiscal" fueron dados a conocer por las autoridades del Ministerio de Hacienda este jueves. Se trata de supuestas evasiones ocurridas entre 2008 y 2015, 2016 y 2018 y que ahora constituyen -según el anuncio efectuado- el caballo de batalla de una estrategia remozada de lucha contra la evasión.