El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) estimaba en 330 mil las personas que habían cruzado este año la peligrosa selva del Darién en su angustioso caminar hacia el omnipresente sueño americano. 

Son días intensos en el abordaje de la acuciante situación de la inseguridad ciudadana, marcada esta semana por una reunión (protocolaria) de muchas autoridades de los tres Poderes de la República, que quedó eclipsada por el vil asesinato del oficial Jeiner Gómez (41) el miércoles por la noche.

La tragedia de los femicidios tiene implicaciones tan profundamente dramáticas que extienden el círculo de violencia y lo amplifican hasta cobrar la vida de otras víctimas del entorno. La terrible muerte Britney Vílchez, de tan solo 13 años de edad, vuelve a poner en la discusión pública la inmensa responsabilidad que arrastramos en el Estado costarricense ante este flagelo.

En medio de la peor crisis de seguridad que vivimos, con cifras históricas en homicidios, producto de una ola de violencia extrema y ajustes de cuentas entre bandas y, muy recientemente además, con señalamientos de posibles negociaciones entre el gobierno y grupos del crimen organizado, se llevó a cabo una reunión "de emergencia" de los tres Poderes del Estado; esta vez convocada por el presidente de la República. Fue el segundo encuentro en un año.

Luchando contra una institucionalidad maltrecha, los guatemaltecos atraviesan por una coyuntura decisiva en la que aspiran a mejorar la condición de su establecimiento democrático. Para entender lo que allí sucede hay que poner foco -entre otras causas estructurales- a la solvencia del aparato de administración de justicia, sobre el que descansa en un Estado de Derecho, la preservación de garantías constitucionales individuales y colectivas.

La libertad de expresión, la libertad de prensa y las relaciones entre medios de comunicación y poder político, no pasan por buenos tiempos en Costa Rica.