Luchando contra una institucionalidad maltrecha, los guatemaltecos atraviesan por una coyuntura decisiva en la que aspiran a mejorar la condición de su establecimiento democrático. Para entender lo que allí sucede hay que poner foco -entre otras causas estructurales- a la solvencia del aparato de administración de justicia, sobre el que descansa en un Estado de Derecho, la preservación de garantías constitucionales individuales y colectivas.
El primer elemento sensible en esta materia tiene que ver con la escogencia de los operadores de justicia, porque si los procesos no tienen garantías de imparcialidad, confianza y credibilidad en la selección de las personas más idóneas, sino que, por el contrario, son viciados por la injerencia de poderosos grupos políticos, económicos y sectoriales que colocan a los jueces, fiscales y magistrados que les favorezcan, todo el andamiaje queda vaciado de contenido.
Una investigación de estos procesos durante los años 2004-2009 y 2014 proporcionan evidencia útil acerca de los dudosos nombramientos de personas, que sin las condiciones necesarias, obedecen a los intereses de quienes los han llevado a cargos sensibles en el sistema judicial, para que respondan de la manera en que le beneficie -particularmente a lo que en Guatemala se denomina como el "pacto de corruptos"- con determinadas resoluciones, con el ocultamiento de investigaciones, o como se ha visto en el proceso electoral en curso, con injerencias e investigaciones impensadas en sistemas democráticos que resguardan celosamente la independencia del poder electoral.
El estudio que aludimos lo realizó el Informe Estado de la Región, en el marco del proyecto de investigación acerca de la independencia de los Poderes Judiciales en Centroamérica y para ampliar acerca de algunos de sus resultados conversamos con Alberto Mora Coordinador del Informe Estado de la Región y con Dinora Martínez, Presidenta de la Asociación de Jueces por la Integridad de Guatemala (AGJI).
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