Son días intensos en el abordaje de la acuciante situación de la inseguridad ciudadana, marcada esta semana por una reunión (protocolaria) de muchas autoridades de los tres Poderes de la República, que quedó eclipsada por el vil asesinato del oficial Jeiner Gómez (41) el miércoles por la noche.
Las reacciones fueron inmediatas. Pero las soluciones (incluso las más imperiosas) tardarán bastante más. Urgen clamor de las autoridades del OIJ y la Fiscalía, muchos más recursos económicos para contratación de policías, compra de equipos, patrullas y sistemas de inteligencia, con los cuales enfrentar a un enemigo poderoso, con influencias y sin límites de dinero.
Pero no hacemos nada con negar la realidad política: aunque hubo una momentánea línea discursiva del Ejecutivo para bajar el tono, duró tan solo unas horas. Y de nuevo este jueves el gobierno repartió responsabilidades e incluso exigió al Fiscal General que le entregara la política de persecución penal. El jerarca del Ministerio Público, Carlo Díaz, respondió fuerte y no aceptó la conminación desde Zapote.
Tampoco los diputados aceptan que la solución a la crisis de asesinatos sea la aprobación de reformas que, si bien requieren actualización para modernizar la legislación penal del país, no deben utilizarse como distractores o paliativos a lo urgente y por ello, de forma unánime aprobaron una excitativa a la Administración Chaves Robles para que declare emergencia nacional la crisis de seguridad pública, ante la cruda realidad de que Costa Rica es hoy por hoy, el "país preferido de los narcotraficantes y eso ha traído consigo un aumento de la criminalidad local, la violencia, homicidios y lamentablemente la corrupción también", como lo aseguró apenas la semana pasada Robert Adler, el Director de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de los Estados Unidos.
Hay que seguir la pista de evidencias, elementos del entorno, personajes que estén moviendo hilos, reclamos de cuerpos policiales, datos de entidades acreditadas en referencia a la actividad de grupos organizados y la urgencia de fortalecer todos los cuerpos policiales.
Para continuar el debate público conversamos con el ex Fiscal General de la República, Francisco Dall'Anese Ruiz.
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