Nuestra convivencia está caminando por linderos peligrosos. Estamos atravesando líneas rojas que abren un abanico de preocupaciones reales no solo respecto de los derechos políticos de las mujeres, sino también de los Derechos Humanos en sentido amplio.

Siempre tratamos de buscar explicaciones a los procesos económicos a partir de nuestra propia realidad, sobre todo cuando no nos alcanza el dinero, los precios no bajan, no hay posibilidad de ahorro y nos ahogan los intereses de préstamos y tarjetas.

Decir que envejecer es un proceso natural que empieza mucho antes de los 65 años es una obviedad. Pero aspirar a que ese proceso sea determinado por la dignidad para procurar el mayor bienestar posible, ya nos sitúa frente a un inmenso desafío nacional. Un desafío de políticas públicas concertadas entre actores públicos, privados y no gubernamentales para derribar muchos prejuicios respecto del envejecimiento y para asegurar condiciones de realización y plenitud a un segmento cada vez mayor de la sociedad. Consideremos que en solo 20 años, Costa Rica duplicará su actual población de adultos mayores.

El delicadísimo tópico del narcotráfico y sus supuestos vínculos con el Poder Ejecutivo fue la gota que derramó el vaso de las tensiones que han caracterizado las relaciones de diferentes grupos políticos con representación parlamentaria en esta administración. Y en ese escenario, el jueves se vivió una jornada marcada por acusaciones (veladas unas, otras muy directas) e improperios.

Si va a contraer matrimonio ya no solo lo podrá hacer en una iglesia católica o ante un notario público. Ahora las parejas pueden asistir al Registro Civil y sus oficinas en todo el país y casarse sin pagar un cinco. Gratuitamente.

El envejecimiento de la población implica una serie de desafíos que requieren de planificación y ejecución de políticas públicas sostenibles y a largo plazo.