Llegamos a término de la primera legislatura 2018-2022. Y hay que decirlo: a pesar de la curva de aprendizaje, a pesar de que es inevitable que en el corazón político de la institucionalidad democrática de la Nación, los diputados se enfrenten y lo hayan hecho incluso encarnizadamente hasta a lo interno de las propias bancadas, las tareas más significativas se alcanzaron.
No nos referimos a la ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas (aunque fue sin duda la más importante) que Congreso y Ejecutivo anterior fueron incapaces de tramitar. El agua estaba tan al cuello que el escenario de la improbación no era alternativa.
Tampoco fue proyecto que queríamos. Fue el plan fiscal posible. Y aún le falta bastante; particularmente porque en el camino se zafaron las siempre poderosas cooperativas y otros grupos de interés. Veremos que nos depara el segundo año, marcado por el pendiente de los eurobonos, la reforma a la ley procesal laboral y por supuesto, la ley para ordenar después de 70 años, la maraña del empleo público, entre otros.
Pero La Asamblea que cierra ciclo este lunes, se apuntó otro mérito superlativo; un reglamento que también esperó por décadas. Consecuentemente los diputados inician segunda legislatura con nuevas reglas de juego.
¿Cómo se explican los consensos alcanzados en tiempos no sólo de tanta fragmentación política, sino también de tanto barullo y tanta pose y sin prácticamente nada que repartir como se hacía en el pasado? ¿Será posible que exista ahora madurez política suficiente para que el Partido Liberación Nacional -el más enconado otrora enemigo del PAC- presida la segunda crucial legislatura?
De nuevos tiempos y también de viejas prácticas, conversamos sobre lo que se avecina este primero de mayo en la Asamblea con el ex presidente legislativo Mario Redondo.
