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Luego de generarse un impulso de respaldo argumentando la urgencia de su tramitación para luchar contra el crimen organizado, hoy, las posibilidades de aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, parecen venidas a menos.
Bajo el impulso del entonces diputado y ahora candidato presidencial Antonio Alvarez Desanti, ésta iniciativa permitiría al Estado decomisar los bienes producto de actividades ilícitas; algo que a primera vista parece muy puesto en razón, pero que colocado en lente de profundidad genera una gran preocupación, dadas las delicadas atribuciones estatales que rozan los derechos constitucionales de propiedad privada.
La iniciativa establecería que cuando una persona no pueda demostrar el origen de sus bienes, sean capitales o de propiedad, las autoridades judiciales podrían decomisarlos sin necesidad de una sentencia relacionada con delitos de delincuencia organizada.
Desde la acera de la oposición a ésta propuesta de ley, conversamos con tres destacados costarricenses: el constitucionalista Fabián Volio Echeverría, el abogado experto en Derechos Humanos Jaime Ordoñez y el ExVicepresidente del Poder Judicial y ex Presidente de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo en Hablando Claro.
