Dos hechos de las últimas horas abonan la lucha contra los privilegios excesivos de empleados y ex empleados públicos.
Después de un largo y dificultoso proceso, por fin los trabajadores judiciales pasarían a un régimen de incapacidades por enfermedad igual que el resto de los empleados del país, de acuerdo con el aval de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por otra parte, en una ajustada votación 4-3, la Sala IV rechazó suspender los recortes a las pensiones de lujo, aprobados el año pasado por la Asamblea Legislativa.
Este rebajo en las pensiones de los ex diputados forma parte los cambios que se aprobaron recientemente y que generan un ahorro de unos ¢17.500 millones anuales.
Y es que aunque el remezón de los fondos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, sea reciente, otros regímenes también necesitan de una cirugía que pueda adecuarlos para colaborar con la preocupante situación fiscal.
Más allá de nuestro entorno, en Estados Unidos, sigue la convulsión política. El Presidente Trump, empeñado en mantener su guerra contra los inmigrantes, anuncia ahora la contratación de 15.000 nuevos agentes policiales para ejecutar expulsiones inmediatas a prácticamente todos aquellos indocumentados que lleven menos de tres años en el país.
De estos temas conversamos con Juan Carlos Hidalgo Bogantes, analista de políticas públicas del Instituto Cato con sede en Washington, hoy en Hablando Claro.
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