La situación actual ya es de por sí es preocupante, pero cuando se proyecta a futuro saltan las alarmas de la emergencia.
Hoy 215 mil adultos mayores no tienen ninguna protección económica formal, lo que repercute en su calidad de vida y bienestar integral, pero también implica enormes presiones sobre los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto.
Pero el panorama es aún más desafiante si consideramos que solo el 44% de los adultos mayores gozan de una pensión contributiva básica, en tanto el 17% acceden a los pocos recursos que brinda una pensión del régimen no contributivo (apenas ₡82,000 al mes).
Estos datos se desprenden del IV Informe sobre Personas Adultas Mayores en Costa Rica, que subraya la necesidad de establecer una pensión contributiva básica, que solvente esta situación. El estudio, como ya sabemos, sostiene que a pesar de los esfuerzos del Estado costarricense en materia de seguridad social, persisten brechas de inequidad especialmente en el área de vejez y envejecimiento.
Las personas adultas mayores que no poseen pensión dependen de sus familias, redes de apoyo o programas de asistencia social, pero ese soporte no siempre es suficiente y la mayoría se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias informales o a vivir en pobreza extrema.
Por eso, la Superintendencia de Pensiones lleva adelante un proceso nacional de diálogo intersectorial que aspira a concretar una reforma integral a los sistemas de pensiones.
Para analizar este desafío país conversaremos mañana con Mauricio Soto, director de riesgos de la SUPEN.
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