Nuestra convivencia está caminando por linderos peligrosos. Estamos atravesando líneas rojas que abren un abanico de preocupaciones reales no solo respecto de los derechos políticos de las mujeres, sino también de los Derechos Humanos en sentido amplio.
Las últimas amenazas de muerte contra las diputadas Andrea Álvarez y Sofía Guillén, así como las recibidas por la Contralora General de la República, Marta Acosta, constituyen hechos de descomposición que no se deben minimizar.
La violencia, los discursos de odio y la polarización como manifestaciones sociales son inaceptables. Y, en particular, la violencia dirigida contra las mujeres en la política, “no solo amenazan su integridad física, emocional y profesional, sino que también tienen un impacto devastador para la sociedad costarricense, ya que socava los principios democráticos de nuestro país”. Tal es el señalamiento del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica.
Este llamado se une a otras manifestaciones de rechazo y solidaridad emanados de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros sectores que advierten que es imperioso poner un alto a este clima de intimidación que amenaza a las personas que dentro de la institucionalidad ejercen responsabilidades y trabajan para que el estado social de derecho siga garantizando derechos y libertades.
Ponemos foco en estas alarmas con la diputada Andrea Álvarez Marín y con Marcela Piedra, coordinadora del recientemente creado Observatorio de Violencia Política contra las mujeres.
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