Esta es la significativa historia de una voluntad (aún) incumplida.
En 1975, Lorne Ross y Agnes Spencer (él costarricense y ella inglesa) le donaron a la comunidad de Santa Ana -gracias a un acuerdo con el Estado- un terreno de 52 hectáreas con el objetivo de proteger las nacientes de agua, los humedales y el bosque de la zona; un corredor biológico y de tránsito de aves migratorias.
El sitio estuvo varios años descuidado y pasó por varias instituciones, hasta que en 1993 se dio en administración a la Fundazoo. En 2014 la Municipalidad y la comunidad tenían listo un proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Lorne Ross, pero una decisión judicial le extendió 10 años más el derecho de uso a la citada fundación.
En el largo camino recorrido hasta hoy el panorama sigue siendo incierto, pues existe una pugna irresuelta: mientras los santaneños buscan alcanzar un marco regulatorio para convertir ese sitio en el Parque Natural Urbano Lorne, Ross (como espacio cultural, recreativo y educativo) la diputada oficialista Pilar Cisneros pretende que el Ministerio de Ambiente y Energía construya ahí un parque con fuentes de agua (similar a uno existente en la ciudad de Lima) cuyo anteproyecto -se ha informado- habría costado $30 mil de fondos públicos, pero que aún no se conoce.
Mañana miércoles conversamos con dos de las líderes comunitarias que abanderan el proyecto, Paula Blanco Cantillo y Catalina Obregón, ex regidora y representante de los herederos de la familia Ross.
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