En cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones de la policía judicial, todas las razones son de mucho peso. Y es que en la coyuntura que vive el país, el congelamiento salarial y los impactos en las remuneraciones por la aplicación de las leyes de Fortalecimiento de las Finanzas Pública y de Empleo Público, son tan determinantes como las necesarias obras de mejoramiento de la infraestructura, el deterioro en las futuras pensiones y, por supuesto, los riesgos asociados al hecho peligrosísimo de tener que enfrentar la más grave ola de violencia por la actividad criminal de nuestra historia.
Los números no mienten. De enero de 2017 a diciembre del 2023, 287 funcionarios renunciaron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A esta realidad se le deben sumar las dos rebajas presupuestarias a la Policía Judicial, durante la administración Chaves Robles, lo que ha impedido retener oficiales calificados, comprar equipos y mejorar urgentemente condiciones en sus instalaciones. Y otros estamentos del Poder Judicial, que realizan tareas complementarias a las del OIJ para contener las cada vez más sofisticadas organizaciones delictivas, también requieren más recursos materiales.
Como es sabido, mientras merman los recursos económicos y de personal y aumentan exponencialmente las tareas de inteligencia y los operativos contra las mafias, la criminalidad organizada local y transnacional no tiene limitaciones de ningún tipo.
Así las cosas, urgen soluciones para darle más recursos a la policía judicial. Y urgen ya. Ahora. Por eso abordamos el tema mañana con el director del OIJ, Randall Zúñiga y la diputada Kattia Cambronero, que lidera los empeños para liberar dineros para la policía judicial.
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