Hay mucha tela que cortar aún para deshilvanar las costuras del entuerto que se ha generado a raíz de la persistencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de exigirle a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) los datos crediticios de todas las personas físicas y jurídicas con su correspondiente identificación.
¿Qué hay detrás de esto? Si bien el Central es el superior de la Sugef, cada una de esas instancias tiene muy delimitadas sus funciones y en virtud de ello la Superintendencia se ha negado hasta hoy a entregar la información.
Para hacer cálculos del PIB, el endeudamiento, la oferta monetaria y los riesgos por eventos naturales, los entendidos en la materia concuerdan que el Central no requiere la información desanonimizada.
Pero en su afán por mantener el criterio contrario y también por aclarar la disputa con la Sugef; disputa que como sabemos decidió llevar hasta la vía penal, el Banco Central, caracterizado siempre por tener perfil sobrio y reputación intachable, ha revelado en los últimos días que su urgencia de la data en cuestión estriba en que pretende cruzarla con otras bases de datos de del Ministerio de Hacienda, de las contribuciones de la CCSS y otras que se usan en el Sistema Nacional de Pagos (Sinpe). De ser así y si esas instituciones entregaron ya la información sin el consentimiento informado de los administrados, estamos en terreno considerado muy riesgoso, razón por la cual han llovido acciones administrativas, recursos de amparo y hasta una acción de inconstitucionalidad.
Para unir retazos de todo el embrollo conversamos con el economista, Ronulfo Jiménez.
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