Históricamente, la ambición humana por el oro y todos los metales y piedras preciosas, ha sido causa de todo tipo de desgracias y por supuesto, de degradación social y ambiental. Y entonces no es sorprendente que, en nuestro caso, Crucitas siga siendo una gran herida abierta en la zona norte de Costa Rica.
Agua contaminada con mercurio, devastación de la naturaleza y comunidades carentes de servicios aceptables, hoy de nuevo se ven expuestas a la inacción de las instituciones ante la salida nada clara del Ministerio de Seguridad Pública que tuvo por años su campamento en la finca Vivoyet (la de la eterna disputa con Industrias Infinito) que, como sabemos, fue invadida por miles de coligalleros, no más enterarse de la claudicación policial. Fue como entregarle un dulce a un niño.
Muy curioso cuando apenas un año atrás, en julio de 2022, el Presidente Rodrigo Chaves fue a repartir esperanzas en una sonada gira con ministros y diputados en la que puso de manifiesto que era la primera vez que un mandatario llegaba a ordenar in situ una ruta de trabajo, para garantizar agua potable ampliando el acueducto, mejorar los caminos de acceso y fortalecer la presencia policial.
Ahora, la situación parece más complicada, pues debido a que aquello se convirtió en tierra de nadie, los indicios apuntan a que se estaría extendiendo la actividad extractiva a otras áreas aledañas.
Los dimes y diretes acerca de las responsabilidades por lo que sucede, no hacen, sino confirmar que el estado no ha cumplido con los fallos judiciales de protección del tesoro que se ha tornado en maldición.
El tema lo abordamos con el abogado, exdiputado y experto en la materia Edgardo Araya.
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