Fotografía: La Nación - Alonso Tenorio.
La marcha por la educación pública de Costa Rica convocó, como no se había visto desde hace años, a potentes grupos sociales, ciudadanos y sectoriales, que dieron un paso al frente, ante la conducción de asuntos públicos esenciales.
Nutrida, con importantes mensajes en defensa de logros históricos. No llamando a un enfrentamiento, sino más bien a las correcciones necesarias ante el evidente desmantelamiento del presupuesto de la inversión pública, garantizado constitucionalmente para niños, niñas y jóvenes de la educación primaria, secundaria y universitaria, en una coyuntura especialmente desafiante de desigualdad y exclusión que hace emerger cada día con especial crudeza el fenómeno de la criminalidad, la violencia y la delincuencia.
La marcha representa la conjunción de voluntades, que con ojo avizor, le señalan al gobierno que no está solo en la mesa y que hay un tejido social para defender y preservar la institucionalidad. Pero el llamado no fue solo al Ejecutivo. Esta movilización social también puede interpretarse como un mensaje a los otros poderes de la República, así como a sectores que guardan silencio frente a circunstancias inéditas de creciente polarización.
Para comprender este proceso y sus implicaciones conversamos con la politóloga Gina Sibaja y el comunicador social Carlos Sandoval.
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