Guatemala sigue enfrentando los impactos estructurales de una crisis permanente en la violación a los derechos humanos y la siempre presente vulneración al sistema de pesos y contrapesos que deben tener las instituciones de un estado digno de reconocerse como tal.
En ese país del triángulo norte, hasta el Ministerio Público y los tribunales de justicia son utilizados para perseguir a ciudadanos honestos, como sucedió la semana pasada con la condena a 6 años de cárcel impuesta a José Roberto Zamora, fundador de el Periódico, un medio independiente dedicado (hasta el 15 de mayo pasado que tuvo que cerrar) a investigar casos de corrupción en el país.
A este contexto se suma un proceso electoral cuestionado que culmina el próximo domingo sin ninguna esperanza de cambio para salir del abismo en el que se encuentra la inmensa mayoría de su población a la que ni siquiera el sistema de Naciones Unidas pudo seguir apoyando, dado que en el 2019 el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para abonar a las acciones tendientes a sostener el andamiaje institucional. Desde entonces, los esfuerzos orientados a socavar las garantías procesales mínimas frente al abuso de poder arbitrario y corrupto se han intensificado, han arreciado los ataques sistémicos a la libertad de expresión y prensa y al libre funcionamiento de las organizaciones sociales.
Para ampliar este escenario desolador conversamos con el ex fiscal general y ex comisionado de la CIGIC, Francisco Dall'Anese.
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