Bajo fe de juramento, el empresario Leonel Baruch Goldberg aseguró que la diputada oficialista Pilar Cisneros le pidió no solo que coadyuvara con el Poder Ejecutivo para enfrentar el recurso de amparo que interpuso en su día La Nación contra el cierre del Parque Viva, sino que además apoyara los intereses del gobierno para hacer desaparecer el periódico, entendiendo que ello favorecía a CRHoy, el diario digital del que Baruch es propietario.
Las sonadas declaraciones las ofreció el banquero -acusado por el Ministerio de Hacienda en una causa de supuesta defraudación fiscal por el orden de 11 mil millones de colones que ahora se sabe resultó inexistente- compareció ante la comisión de financiamiento de partidos políticos de la Asamblea Legislativa y ocasionó un polvorín con las declaraciones que incluso reiteró luego ante los periodistas, especificando que fue un planteamiento "claritico".
La reunión en que tal intercambio se produjo, ocurrió el 29 de agosto del año pasado, entre las 10.13 de la mañana y las 12.28 del mediodía, en el despacho de la diputada, según certificó el departamento de seguridad del congreso y por supuesto, Cisneros Gallo negó categóricamente que ese hubiese sido el contenido de la muy extensa conversación.
¿Qué implicaciones tiene este nuevo capítulo en el enfrentamiento del gobierno con varios medios de comunicación y en la investigación de financiamiento electoral de la campaña electoral? Lo conversamos con el especialista en la materia Rotsay Rosales, quien dirige el Observatorio de la Política Nacional, OPNA y además, es uno de los coautores de un revelador informe sobre el costo de hacer política en los países del triángulo norte Centroamérica. Un documento que nos sirve de reflexión respecto de los desafíos de la muy precaria estabilidad democrática en la región.
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