Ahora sí que las preguntas y las dudas respecto del futuro inmediato de la revisión técnica vehicular en el país, saltan por docena.
La cuestión se pone complicadísima luego que el grupo sueco Opus acudiera a la Contraloría General de la República a objetar la decisión del Ministro de Obras Públicas y Transportes y del COSEVI de otorgarle el permiso de uso en precario a la competidora alemana Dekra.
Imposible que no fuera Opus a quejarse. Tuvo más puntos de calificación (97 % vrs 90 %) y cobró menos por la primera inspección (6,157 vrs 7,284) y también menos por la reinspección por defectos múltiples (3,150 vrs 4,471). Y aun así no fue la escogida.
Pero eso no es todo. Aquí no hablamos de una simple apelación que debe ser resuelta para no dejar al participante en la indefensión jurídica. Resulta que la Contraloría General de la República insiste en no involucrarse en el asunto, argumentando que solo es competente para conocer en vía recursiva la materia de contratación pública. ¿Y de qué estamos hablando en cuanto a este permiso de uso en precario sino de un contrato para explotar instalaciones y equipos millonarios que ahora son propiedad de la Hacienda Pública? ¿Se pueden brincar entonces los controles de la contratación con solo ponerle a un cartel "permiso de uso en precario" o cualquier otro nombre?
Recordemos que en su día la Procuraduría (abogado del Estado) había dicho que el tema era resorte del órgano contralor, pero el órgano contralor ha decidido -pareciera que por un tecnicismo- no comerse la bronca. De hecho, señaló que ante controversias (justo como la que ahora estamos viendo) los involucrados tendrían que ir a un Contencioso Administrativo ¿Se imaginan?
La cuestión es que sería lógico y de sentido común pensar que OPUS no se quedará de brazos cruzados y no aceptará un portazo en la nariz de la Contraloría, que fue lo mismo que le sucedió semanas atrás al consorcio español Riteve cuando fue a objetar los lineamientos del concurso que ahora parece estar en veremos.
¿Está viciado de nulidad el permiso concedido? ¿Puede explicar el MOPT con fundamento por qué le dio el permiso de uso de las instalaciones públicas a un consorcio que cobró más caro que OPUS? ¿Cuál será el siguiente pasó? Y más aún, ¿para cuándo la reanudación de la revisión técnica vehicular en el país?
Conversamos este viernes con Olman Vargas, fugaz directivo del COSEVI que se negó a aprobar a ciegas la adjudicación y con Christian Campos, especialista en contratación administrativa.
