Las crisis se van superponiendo y unas nos distraen de otras. En este contexto, hay movimientos poco noticiosos que solo se manifiestan cuando ocurre un accidente, un atasco o cuando se le ponen cifras al tamaño de la insuficiencia de nuestros recursos públicos.
Es el caso de la migración, un problema global complejísimo que Costa Rica intenta gestionar bajo sus valores de acogida y solidaridad, pero sin las capacidades que ameritan los volúmenes de personas que siguen llegando y siguen pasando.
De nicaragüenses recibimos casi 80.000 solicitudes de refugio entre junio 2021 y julio 2022; como nunca en la historia. Las posibilidades institucionales están desbordadas y la cooperación internacional sigue siendo insuficiente.
De Venezuela y otros países llegan muchos desde las fronteras del sur de América hacia Estadios Unidos atravesando selvas y extorsiones, incluido el cobro de $150 que las autoridades de Nicaragua aplican en su frontera, diciendo falsamente que es un salvoconducto de la ONU, como nos cuenta Miguel, uno de los migrantes que se observan por decenas en Ciudad Quesada, pidiendo dinero para pagar el peaje de Ortega Murillo, para seguir su camino.
Mientras tanto, Estados Unidos intenta que los países vayan colocando barreras, endureciendo requisitos o respondiendo con las fuerzas policiales, como en México. Hay conversaciones internacionales, hay planes y hay necesidades regionales, aunque el problema acabe siendo doméstico y agregado a los apuros de la economía local.
Con la sensibilidad que requiere el abordaje de la migración forzada y masiva, entendiendo que estos migrantes son víctimas de la violencia, la represión y la miseria, tomamos el pulso con la directora de Migración y Extranjería, Marlen Luna, también viceministra de Gobernación.
