Se cumplen ocho meses desde la última pantomima electoral de Daniel Ortega y parece que las urgencias mundiales han puesto a Nicaragua muy abajo en las prioridades de atención, aunque casi 200 presos políticos enferman en sus cárceles y continúa la diáspora de disidentes hacia Costa Rica. La desgracia del país vecino es siempre un evento en desarrollo, aunque las etapas van cambiando y a veces aparentan normalidad.
Poner en agenda a Nicaragua y a sus víctimas es, por tanto, el objetivo de una “Comisión por la Vida y la Libertad de las y los Presos Políticos de Nicaragua” que integran parlamentarios y activistas de distintos países que pretenden verificar en el terreno el estado de los encarcelados, aunque no tienen certeza de que lo permita el gobierno de Ortega y Murillo.
Ahora están en Costa Rica, donde se reúnen con dirigentes de los grupos de exiliados que no paran de crecer. Casi 80.000 han solicitado refugio en los últimos 12 meses, huyendo de la represión, las violaciones a los derechos humanos y del desempleo con ribetes políticos que imperan en el país vecino.
Por eso, la mirada cercana que se pretende con esta comisión es visibilizar nuevamente el perverso accionar del grupo gobernante que amasa sus fortunas, al tiempo que procura alianzas con grandes capitales mientras continúa aplicando métodos de represión estalinista, como señala el coordinador de la delegación, Mariano Rosa.
Con Rosa y con la diputada argentina Luciana Echevarría, volvemos a hablar de Nicaragua, de la situación inhumana de los presos políticos y de la respuesta de la comunidad internacional.
