¿Será posible que el Presidente Chaves y el Canciller André den marcha atrás en su decisión de avalar la candidatura de un nicaragüense para ocupar la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA?
Eso es lo que parece deslizarse de la declaración optimista que dio el Dr. Miguel Ángel Rodríguez luego de que este fin de semana los ocho expresidentes del país les remitieran una misiva a los actuales titulares de nuestra política exterior en defensa de no solo los principios cardinales de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos que son emblema costarricense, sino también de aseguramiento de la estabilidad de Centro América y de la seguridad nacional de nuestro territorio.
La situación emerge del anuncio oficial de Casa Amarilla el jueves pasado, señalando que Costa Rica daría su voto para que Werner Vargas, representante del régimen dictatorial de Managua, sea elegido en ese puesto únicamente porque ello correspondería a la rotación geográfica del cargo entre los países del Istmo, como se acordó en el año 2017.
La exmandataria Laura Chinchilla fue la primera en alzar la voz diciendo que el voto a Nicaragua sería “una bofetada a las víctimas de la represión y dar más poder al país que ha alterado el balance militar en Centroamérica y que ha aplaudido la invasión de Rusia a Ucrania”. Añadió además que también constituiría un golpe autoinfligido a nuestro país, dado que el puesto se le otorgaría a quien ocupó cargos en la cancillería nica y en la fallida, pero aún existente Corte Centroamericana de Justicia, cuando se produjo la invasión a nuestra Isla Calero.
En coincidencia con sus colegas, este domingo el expresidente Luis Guillermo Solís dijo al diario La Nación que el pacto de rotación es inválido porque Nicaragua ha vulnerado principios que se establecieron en el denominado acuerdo de Tegucigalpa. “En el 2017 no habían pasado las matanzas del 2018. Daniel Ortega no se había robado las elecciones”, tampoco dijo, se habían metido a la cárcel periodistas, cerrado medios de comunicación, violentado derechos humanos, etc.
Precisamente en la carta, los exmandatarios recuerdan al Presidente y el Canciller que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su más reciente informe de marzo, “documentó los casos de 43 personas aún detenidas en el contexto de las elecciones del 2021 y la muerte de uno de ellos en prisión, 34 personas sentenciadas a cárcel sin las garantías procesales, 92 casos de personerías jurídicas canceladas a Universidades, ONG y fundaciones, y cerca de 150 mil nicaragüenses que tan solo en el 2021 huyeron del país”.
Otro eje sustantivo del planteamiento de los ocho expresidentes es lo relacionado con el poderoso refuerzo armamentístico de la vecina nación (incluidos tanques, artillería remolcada y lanzacohetes) así como “la reciente autorización para el ingreso de tropas a su territorio, incluyendo algunas provenientes de Rusia…” Lo conversamos con doña Laura Chinchilla Miranda, expresidenta.
