El alcalde de Corredores, Carlos Viales, fue detenido por autoridades judiciales solo unas semanas después del informe de mayoría de la comisión de diputados que supuestamente investigó ese mismo caso y que no encontró ni una mínima razón para cuestionarlo.
Es un nuevo capítulo de las investigaciones policiales sobre aparentes hechos de corrupción en la función pública, pero es también un nuevo motivo para preguntarnos todo y más sobre las sonoras comisiones investigadoras que los legisladores instauran como parte de su acción política.
No es que esperáramos grandes revelaciones del grupo especial que supuestamente investigaba la penetración del narcotráfico en la política. Ni siquiera -digámoslo Hablando Claro- un interés genuino en acercarse a la verdad.
Los antecedentes de comisiones investigadoras de los diputados actuales y anteriores nos han ido lavando la confianza en ese tipo de foros al punto de que no solo resultan ya escenarios circenses, sino peor aún, se han vuelto contraproducentes para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Salvo muy contadas excepciones, las tales comisiones acaban siendo una oportunidad de golpear al opositor mediante las cámaras y ya luego veremos qué se pone en el informe final; de por sí las conclusiones no son de acatamiento obligatorio y lo más que generan son denuncias que podrían formularse también sin necesidad de tantas horas y millones invertidos en aparentes interrogatorios, peroratas, (insultos e irrespeto a incluidos) denuncias al aire y supuestas conclusiones. Y casi siempre, oh sorpresa, los culpables son esos otros.
¡Y ni qué decir de los tiempos electorales!
Por eso conviene anclar en el fondo de esa herramienta, más allá del preocupante acecho del narcotráfico sobre los estamentos políticos. ¿De qué y para qué sirve una comisión legislativa investigadora? ¿A quién le sirve? ¿Es posible hablar de un efecto búmeran en la confianza de la ciudadanía sobre la clase política en general?
Nos consumimos en esas aguas con la mirada aguda y experimentada del exmagistrado y exdiputado Carlos Arguedas.
