Son tiempos complejos. Y no porque nos haya sobrevenido lo impensable, lo inimaginable que pudo haber resultado hace unos meses una pandemia, hasta para el más avezado en la ciencia ficción. No. Los tiempos ya corrían inciertos y difíciles antes del virus. Por la exacerbación de los ánimos confrontados, por la inconformidad para con la(s) democracia(s) y sus magros resultados, por el recrudecimiento de los conservadurismos frente a las banderas cada vez en alto de las libertades y derechos, y por un sinnúmero de otros temas, atizados todos por la guerra sin fin de las comunicaciones, las mentiras, las verdades a medias, las posverdades…
Y en prácticamente todos los órdenes de la vida de hoy, encienden luces potentes los Derechos Humanos. Los viejos derechos y los más nuevos. Los que nadie (a casi nadie) discute. Y los que son en extremo debatible.
¿Es posible y hasta adonde obligar a un escéptico a vacunarse? La pregunta no pretende ahondar sobre lo que ya sabemos. Porque ya sabemos que sí se puede. Al menos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Estado de Derecho, la vacuna obligatoria sí va.
¿Es posible que con subterfugios legales -como pretenden ahora hacerlo para favorecer a empleados públicos reacios- se sobreponga el derecho individual al derecho colectivo a la salud pública? ¿Las multas, sanciones y eventuales procedimientos serán de verdad "ejecutables" para un sencillo empleado público y hasta para un diputado de la República?
El Ejecutivo avanza sin vacilación y, al igual que en naciones europeas o en estados de los Estados Unidos, establece para las próximas semanas la apertura total con obligatoriedad aparejada de carnet sanitario. ¿Somos lo suficientemente maduros en términos de ciudadanía, para cumplir y hacer cumplir ese requisito de ingreso a espectáculos y divertimentos?
Lo observamos desde la perspectiva constitucional y de Derechos Humanos con el jurista Marvin Carvajal en nuestro Hablando Claro.
