La vacunación contra COVID-19 es obligatoria para trabajadores del Estado. Se dice fácil y se puede celebrar la medida, cuestionarla o someter a dudas por la posibilidad de ejecutarla, pero es una noticia relevante para Costa Rica, una decisión quizás única en América Latina.
Además los patronos podrán obligar a sus empleados a aplicarse la vacuna y hay apoyo de algunos sectores empresariales que ven esta medida como una manera de frenar el avance de la pandemia sin volver a las restricciones del 2020.
Además se prolonga un par de semanas más la restricción vehicular atenuada, se permite hasta 10 pasajeros de pie en autobuses y los bares podrán ocuparse hasta un 50 % de su capacidad. Hasta 5.000 aficionados podrán asistir al encuentro de futbol de la Selección Nacional el 10 de octubre... Pero solo si están vacunados con el esquema completo. Los hoteles prácticamente no tendrán limitación sanitaria a partir de noviembre, en antesala de la esperada temporada alta para turismo que, sin embargo, podrá llegar sin haberse vacunado.
¿Es eso suficiente y oportuno? Como en toda la pandemia, en la mira está el equilibrio entre economía y salud. Desde ambos lados ha habido molestias, pero entramos ahora a una fase más centrada en la vacuna, después de comprobar que una parte de la población muestra desidia ante la campaña de inoculación y que esa parte es significativa. Y los indicadores de la pandemia aumentan.
Con el epidemiólogo Juan José Romero y la compañía del economista José Luis Arce analizamos la pertinencia, suficiencia y factibilidad de las medidas.