Hace varios meses la Superintendencia de Telecomunicaciones decía que es “urgente” que el Gobierno disponga de las frecuencias necesarias para implementar esa 5G que entendemos como una autopista de alta velocidad de internet que permitiría “atraer inversión, ganar competitividad y potenciar el desarrollo económico y social del país”.
Ese “urgente” ahora entendemos como un término relativo. Desacuerdos y dudas institucionales han imperado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), grupo empresarial público que tiene en su poder las frecuencias necesarias para esa 5G y que no acaba aún sus análisis técnicos propios para cederlos o no.
Ahora conocemos que el Micitt (es decir, el Gobierno central) teme que una recuperación rápida de esas frecuencias provoque reclamos de indemnización por parte del ICE, empresa a fin de cuentas, a pesar de las particularidades y los pulsos internos que allí se alojan.
Atenidos a lo que señala Sutel, se requieren unos dos años desde el banderazo de salida hasta un refrendo final, pero el proceso ni siquiera empieza en lo formal, con el agravante de que respiramos ya política electoral y en el horizonte se ve el final del gobierno de Carlos Alvarado, de posiciones más bien pasivas en relación con 5G.
Vamos tarde, como en otras áreas. Pero podríamos ir tardísimo si persisten los nublados institucionales y de cuotas de poder. Mientras, hay una industria esperando y beneficios públicos que también se proyectan en los estudios.
Volvemos al tema este jueves con el exministro Luis Adrián Salazar y sus posiciones aferradas al sentido de urgencia que señalaba la Sutel.
