En 1979 durante la Administración de Rodrigo Carazo Odio, el país le pondría fin a una época con el cierre de la penitenciaría central de San José; la misma que años más tarde se convertiría en el Museo de los Niños. Desde 1958 se había cerrado la también oprobiosa cárcel de San Lucas; por todos conocida como la “Isla de los Hombres Solos” como la bautizó José León Sánchez.
Entre ambos acontecimientos, en 1969, aquí mismo en nuestra capital se suscribía la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida internacionalmente como Pacto de San José, que entre otros preceptos de defensa de derechos fundamentales, estableció que nadie debía ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, la recuperación de la condición de dignidad de los prisioneros resultaba un paso necesario en la congruencia de nuestro signo como nación respetuosa de los Derechos Humanos.
Claro, que el Pacto de San José, como la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, amalgamó un abanico de garantías aspiracionales mucho más allá de la que citamos y por tanto, la referencia sirve como un ejemplo de esa construcción permanente de reconocimiento de igualdad de derechos y oportunidades para todo el género humano y particularmente para las poblaciones en minoría o tradicionalmente sojuzgadas, como las mujeres.
Y lo significativo en estos días que hacemos Reflexiones del Bicentenario, es que nuestro país, acaso desde aquellos días en que había decidido en pleno amanecer independentista reconocer los derechos civiles de sus pobladores en primer lugar, ha sido, es (y ojalá siga siendo) una fortaleza moral de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos, así reconocida en el concierto de las naciones. Claro que muchos hombres y mujeres contribuyeron a cimentar semejante logro, que no es una tarea para nada inacabada sino en permanente construcción.
Pero, sin duda, una de las más destacadas figuras es doña Elizabeth Odio Benito; aquella Ministra de Justicia que en 1979 le puso cierre definitivo a la "peni" y que a lo largo de los últimos 50 años de una muy fructífera carrera en Derechos Humanos nos ha concedido el honor de vernos reflejados en podios internacionales justamente como potencia en la materia.
Además de sus muchos cargos en el país, doña Elizabeth Odio ha ocupado numerosos asientos de primer orden: en las Naciones Unidas fue integrante de la Subcomisión de Protección de Discriminaciones y Protección de las Minorías, así como Relatora Especial de la Subcomisión para la Eliminación de la Discriminación en Materia de Religión y Creencias, Delegada en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena y propulsora del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura.
De 1993 a 1998 se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional para investigar y sancionar los crímenes en la antigua Yugoslavia, y en ese órgano llegó a ser Vicepresidenta; mismo cargo que también ostentaría como jueza de la Corte Penal Internacional, máximo órgano mundial creado para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios, un mandato que concluyó en el año 2012.
Y hoy, a punto de cumplir sus 82 años de vida, es Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y se jubilará -finalmente- el próximo 31 de diciembre. Con esta mujer costarricense excepcional conversamos en Hablando Claro.
