Dejemos de lado el sinsentido de los insultos del gobierno del norte y hablemos en serio. En serio, Daniel Ortega obtendrá en noviembre próximo su cuarto mandato para presidir los destinos del sufrido pueblo nicaragüense. No será por orden divina. Por supuesto, tampoco al amparo de un proceso electoral limpio y transparente. Y mucho menos al abrigo del bloque de legalidad que rige los Derechos Humanos. Eso lo sabíamos, claro. Pero ahora no queda ninguna duda tras una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece categóricamente que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Aunque quienes pretenden perpetuarse en el poder, insistan en ello, acaso imbuidos de una especie de autoproclamada designación celestial.
“La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa”, indicó la opinión consultiva OC-28/21 emitida el 7 de junio pasado pero dada a conocer el fin de semana. Por supuesto, esta opinión, que resulta vinculante para los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, “busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder”.
El pronunciamiento no refiere a nadie en particular. De hecho fue solicitado por el Presidente colombiano Iván Duque en 2019 dado que por aquel entonces, en Bolivia se vivía la crisis política que originó la pretendida cuarta reelección de Evo Morales y que se amparó en un fallo del Tribunal Constitucional boliviano que llegó a hasta interpretar que las reelecciones podían sucederse indefinidamente porque ese era un “derecho humano”.
Entonces, la opinión consultiva aplica para el caso de Bolivia y también para todos aquellos, como Nicaragua que estiran los Derechos Humanos a conveniencia propia.
Ahora queda establecido que la figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidencialistas (esto es muy importante) en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no puede considerarse un derecho humano; lo cual implica que prohibirla “es compatible” con la Convención Americana. Entonces la reelección indefinida no es un derecho autónomo, aunque Daniel Ortega se empeñe en lo contrario y para lograrlo vulnere sin sonrojo los Derechos Humanos de todos sus opositores y de la inmensa mayoría de los ciudadanos electores.
En Hablando Claro conversamos sobre las implicaciones de este pronunciamiento en América Latina. Y lo hacemos con el especialista en derecho constitucional Marvin Carvajal.
