Para el periodismo y su papel social, la filtración de documentos secretos o confidenciales constituye un recurso valiosísimo para destapar grandes casos de espionaje, entramados empresariales fraudulentos, escándalos diplomáticos, multimillonarias evasiones fiscales y, por supuesto, modelos de financiamiento de actividades como el terrorismo y el narcotráfico, así como su infaltable contracara, el blanqueo de capitales.
Sin ir muy lejos, la última filtración mundial conocida salió a la luz pública hace menos de dos semanas en Estados Unidos. La organización de periodismo independiente ProPública reveló que los 25 hombres más ricos del país -entre los que figuran Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros, Warren Buffett y Michael Bloomberg- pagaron poco o nada de impuestos federales entre el 2014 y el 2018. La investigación fue posible gracias a la filtración de datos del Servicio de Impuestos Internos de ese país y tiene de cabeza a funcionarios de gobierno dado que la difusión de información fiscal privada constituye un delito.
Otro caso reciente que mereció incluso un Premio Pulitzer en 2017 fue el de la revelación de los Panamá Papers. Más conocido en nuestro entorno.
Hay filtraciones de filtraciones. En nuestro país la más significativa de estos días es la del expediente del caso “cochinilla”
¿Cuánto de lo revelado es o debía ser secreto o confidencial? ¿Afecta o no el proceso judicial la liberación anticipada de tanta información de un caso al que le faltan tantas etapas para llegar a un eventual juicio? ¿Qué se debe privilegiar: ¿el derecho del púbico a saber o las garantías procesales de los imputados?
Es un asunto que por supuesto ronda los linderos de la ética periodística, pero que también tiene aristas en el derecho penal. Lo conversamos con el abogado Gerardo Huertas.
