Tenemos una marcada inclinación a desviar la atención de los asuntos sustantivos por cualquier otro.
En presencia de una supuesta desviación de 78 mil millones de colones con una treintena de detenidos y casi 70 personas investigadas por un posible concurso delictivo (tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica) resulta que parte significativa de la atención se vuelca sobre la condición matrimonial de la jefe del Ministerio Público y el abogado penalista que representa a dos poderosos empresarios implicados.
A la caza de la Fiscal se sumaron rápidamente muchos sin importar que hubiese hecho lo correcto (aunque esto suene políticamente impopular decirlo), dado que la señora Navas se acogió -como lo ordena del Poder Judicial apenas desde el 2019- al Reglamento de Conflictos de Interés que la obliga a separarse de previo de cualquier investigación en la que pudiera verse comprometida su independencia de criterio. Es decir, que la Fiscal procedió según correspondía y la causa de despido -que muchos persiguen hoy por motivos muy ajenos al “cochinillagate”, solo habría cabido justamente si con antelación no se hubiera separado del caso.
Justo por esas presiones provenientes incluso de los mismos sindicatos internos del Poder Judicial cuyos funcionarios todos los días deben inhibirse de casos por iguales conflictos de interés, la Corte Plena dedicó parte de los recursos de su sesión ordinaria de lunes para canalizar las convulsas aguas.
Pasando a lo sustantivo, el negociado delincuencial que está en curso indagatorio es posible por la existencia de la Ley contra el Crimen Organizado que facultó al Ministerio Público pedir a un juez de la república activar la normativa especial de esa ley de 2009 para poder duplicar los plazos ordinarios fijados en el Código Procesal Penal, ampliar los periodos de prisión preventiva y autorizar las intervenciones telefónicas. Y eso es lo que está en proceso hoy cuando por las características inmensas del caso y las normas sanitarias del Covid-19, continúan las audiencias para fijar apenas las medidas cautelares a los presuntos implicados.
De todo esto conversamos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex fiscal general y ex juez de casación penal, Fernando Cruz Castro.
