Que la penetración del narco no es nada nuevo en el país, por supuesto lo sabemos todos. Que cada vez sentimos más cerca sus ramificaciones alcanzando a las instituciones policiales, judiciales y políticas; tampoco.
Lo que probablemente nos preguntamos muchos hoy, es cuán profundo es el hoyo de la podredumbre que ha logrado hacer en nuestra pequeña democracia este fenómeno de descomposición del siglo.
Este martes asistimos estupefactos a la desarticulación de una banda narco que había invertido al menos 20 millones de dólares (12,400 millones de colones) en lujosísimas residencias en cuatro de las siete provincias del país (San José, Alajuela, Heredia y Limón).
Por ahora son 26 los integrantes que están tras las rejas, entre los que se cuentan los líderes del cartel y nada más y nada menos que cuatro investigadores judiciales.
El Director del Organismo de Investigación Judicial dio cuenta de la operación que tardó tres años para desmantelar al grupo delictivo que compró un motel, 40 viviendas y un número similar de lujosos automóviles, en lo que evidentemente constituía una expresión de opulencia que dejó cada vez más al descubierto las multimillonarias ganancias que obtenían de negociar directamente el trasiego de la droga desde Colombia para reexportarla a los destinos finales.
Tres de los miembros del grupo (uno de ellos muerto a inicios de mes) se movían con impresionante soltura por los pasillos legislativos y durante la legislatura pasada y esta visitaron al menos a una docena de diputados en más de 30 ocasiones, supuestamente en pos de gestiones para sendos proyectos habitacionales en diversos cantones puntarenenses.
Se dice que los sujetos llegaron a consolidar una organización muy sofisticada que trabajaba con cuidadosa planificación y operaba como una empresa con servicios contables, legales y otros.
La trama de este caso superlativo, más otras indagaciones recientes y en proceso donde se vinculan alcaldes y otras autoridades de gobiernos locales nos obliga a incluir este entre los temas de la semana por ello conversamos con el especialista en seguridad e inteligencia policial, Álvaro Ramos.
